Dar un repaso a los recursos de casación en materia de contratación pública pendientes de resolución en el Tribunal Supremo aplicando la LCSP/2017, a partir de los autos de admisión de recursos de casación puede ser interesante.
La recensión es segura ya que el excelente servicio público que presta el Centro de Documentación Judicial/CENDOJ del Consejo General del Poder Judicial, permite en su buscador conocer si el auto de admisión del recurso de casación ya ha finalizado con sentencia del TS o aún está pendiente, gracias a una indicación de un ángulo recto en rojo que figura en la referencia de cada auto de admisión.
Las referencias que he incluido cubren desde el 1 de enero de 2025 hasta hoy.
La determinación del día inicial y final del plazo legal para proceder al pago de las facturas y, en relación directa, el cómputo del plazo para el pago de intereses por morosidad es una cuestión estrella.
Parece que está siendo conflictiva con discrepancias de criterio entre TSJ autonómicos y TS, la integración de la sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022 (C-585/2020), que resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo contencioso de Valladolid y afirmó que, “Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturales, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un período inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un período adicional de 30 días para el pago del precio acordado.” Hemos dado cumplida noticia de este proceso en este monitor.
En la actualidad (17 de mayo de 2026), corresponden a este capítulo los Autos de admisión: 2744/2026 de 18 de marzo de 2026, 2753/2026, 2743/2026, 2754/2026, 2755/2026, 2756/2026, 2718/2026, 2757/2026, 2717/2026, 2716/206, 2402/2026, 2390/2026, 2408/2026, 2114/2026, 2403/2026, 1359/2026, 5553/2025 de 11 de junio de 2025, 1679/2025. Estos 18 autos vienen a manifestar que (ATS 2756/2026), “La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, la jurisprudencia de la Sala sobre la determinación del dies a quo para el devengo de intereses de demora por impago de facturas en el sentido de determinar, una vez comprobado por la Administración que los servicios prestados se adecuan efectivamente a la ejecución del contrato formalizado, en qué plazo debe abonar la Administración el importe de la factura, a efectos de determinar el dies a quo para el devengo de intereses de demora, esto es, si debe efectuarlo en el mismo plazo de 30 días desde la presentación de la factura (comprobación y pago en 30 días) o bien, si dispone de un plazo de 30 días desde la comprobación la factura (plazo de comprobación más 30 días para el pago).”
En algunos litigios hay matices o cuestiones específicas dentro del género que nos ocupa como fijar (ATS 2754/2026), “la inclusión o no de la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora”,
El ATS 4631/2025 fijó el interés casacional, en determinar, respecto a la prueba de la fecha de cobro efectivo de las facturas, como dies ad quem del cómputo de los intereses de demora, si se precisa la aportación de la documentación bancaria acreditativa del cobro efectivo por parte del contratista o cesionario de los créditos, cuando la Administración demuestre en el litigio la fecha de valor del cargo en su cuenta de pago.
Concurso de proyectos
El ATS 2052/2025 de 26 de febrero dilucidará si la regulación en materia de concurso de proyectos que se contiene en el artículo 12 de la Ley catalana 12/2017, de 6 de julio, de la Arquitectura, ha sido desplazada por la normativa básica estatal contenida en el artículo 183 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Contrato de obras
El ATS 10378/2025 de 12 de noviembre aborda una cuestión singular sobre competencia en función de aplicación normativa entre CA Cantabria o normativa estatal en relación con fianzas en contratos de obras.
El ATS 6463/2025 de 9 de julio fija la atención en el interés aplicable en el precio de unas partidas de obras nuevas previstas en el presupuesto de un proyecto modificado, en el marco de un contrato de obra y cuyo precio se fijó en sentencia; bien el interés moratorio previsto en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, si se considera que la reclamación trae causa del contrato de obra, o bien el genérico interés legal previsto para supuestos indemnizatorios, por el reconocimiento y fijación en sentencia de unas cantidades no reconocidas en vía administrativa.
Enriquecimiento injusto
En ATS 5795/2025 de 11 de junio, la cuestión es si en un contrato declarado nulo, reafirmar o precisar la jurisprudencia sobre si, en un supuesto de enriquecimiento injusto de la Administración, cabe indemnizar por las cantidades que efectivamente suponen un aumento del patrimonio enriquecido o deben incluirse los conceptos de gastos generales, beneficio industrial e IVA en la citada indemnización.
Medio propio personificado
El ATS 3619/2026 de 15 de abril fijó como interés casacional determinar, “cuál es el grado de correspondencia exigible entre el objeto estatutario del medio propio personificado, en especial tratándose de fundaciones, y las prestaciones que pueden ser objeto de encargo, y, en particular, si las cláusulas estatutarias de carácter genérico relativas a actividades instrumentales o complementarias permiten incluir prestaciones materialmente ajenas al núcleo funcional de la entidad” así como las consecuencias de la falta de publicidad de la condición de medio propio.
El ATS 4081/2025 de 23 de abril considera de interés la cuestión sobre verificación de las condiciones de medio propio: en el momento del reconocimiento de la entidad como medio propio o si, por el contrario, es necesaria una justificación en cada encargo que se realice por un poder adjudicador a un medio propio personificado; (ii) si dentro del ámbito de actuación que para TRAGSA define la D.A. 24ª de la LCSP (49) cabe ejecutar obras de carácter educativo/cultural en una parcela calificada urbanísticamente como suelo urbano, pero que se ubica en un municipio eminentemente rural.
Pago del precio
El ATS 6450/2025 de 9 de julio estableció de interés casacional consiste en determinar el sentido del silencio administrativo en el supuesto de reclamación de pago por los servicios prestados en concepto de depósito judicial, sin haber mediado la celebración de contrato formal entre la Administración y el depositario.
En idéntico sentido, el ATS 3646/2025 de 9 de abril.
Plazo máximo para adjudicar el contrato
En el ATS 11251/2025 de 3 de diciembre y en el 11250/2025, se dilucidará sobre los plazos para la adjudicación del contrato en relación con el art. 158 de la LCSP
El ATS 9427/2025 de 22 de octubre centra la cuestión en si cabe imponer la penalidad del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, prevista en el artículo 150.2, párrafo segundo, de la LCSP, al segundo licitador, cuando el primer licitador desatiende el requerimiento establecido en el párrafo primero de dicho artículo.
Prohibición de contratar
El ATS 2769/2026 de 11 de marzo, aborda problemática sobre la eficacia y ejecutividad de una prohibición de contratar, cuyo alcance y duración se determinan por una resolución inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, aun cuando aquella no es firme y definitiva en el momento de acceder a tal Registro.
Prórroga del contrato
El ATS 5957/2025 de estudiará si un contrato de obras anulado judicialmente por sentencia firme y reconocido el derecho de la reclamante a ser adjudicataria puede ser prorrogado el contrato anulado hasta la incorporación de la nueva adjudicataria (normativa de aplicación TRLCSP).
Reserva a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
La cuestión de la eventual infracción del principio de igualdad de trato sobre los centros especiales con ánimo de lucro ya ha sido abordada en numerosas sentencias. Se plantea nuevamente en el ATS 1348/2026 de 4 de febrero.
Hay una doctrina consolidada del TS al respecto como hemos dado cuenta en el monitor de OBCP.
Riesgo imprevisible
El ATS 10926/2925 consideró de interés casacional objetivo la cuestión si, en los contratos de suministro, el contratista que entienda que concurre un desequilibrio económico entre las partes que permitiría aplicar la doctrina del riesgo imprevisible, puede resolver unilateralmente el contrato o no. 2ª.- Si, en el caso de resolución unilateral por tal circunstancia, la suspensión del suministro objeto del contrato puede entenderse que constituye un incumplimiento culpable. En idéntico sentido el ATS 6842/2025 de 9 de julio y 5794/2025 de 11 de junio.
La cuestión cuenta con una sobrada doctrina consolidada que hemos referido oportunamente en el monitor de OBCP.
Revisión de precios
El ATS 2770/2026 entendió interés casacional en fijar si las certificaciones de ejecución del artículo 8 de Real Decreto-ley 3/2022, han de incluir necesariamente los gastos generales y el beneficio industrial, excluidos por el régimen del artículo 103 de la citada LCSP.
El ATS 1732/2026 de 11 de febrero abordará si en el momento de la liquidación del contrato pueden impugnarse los índices de revisión de precios que han sido aplicados en la certificación final de obra.
El ATS 9430/2025 de 22 de octubre precisó la cuestión en si las certificaciones de ejecución de obra a las que se refiere el artículo 8 de Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, han de incluir necesariamente los gastos generales y el beneficio industrial, excluidos por el régimen del artículo 103 de la Ley 9/2017.
Transporte sanitario
El ATS 2604/2026 abordará si en un contrato de servicios puede la Administración fijar unas obligaciones de transporte interno y el personal que lo realice en relación con las determinaciones del convenio colectivo sectorial.
Las 39 referencias de ATS mencionadas pueden encontrarse en el buscador del CENDOJ.
