Esta publicación se realiza en el marco de los Proyectos de investigación ”Hacia la buena administración desde la contratación pública en el contexto de la Unión Europea de la Salud” (PID2023-150327NB-I00); financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación y por FEDER Una manera de hacer Europa (IP: José María Gimeno Feliú, duración 2024 a 2028) y “La humanización de las Administraciones en el Estados social: tecnologías, servicios públicos y colaboración multinivel” (HUMATEC: ref. SBPLY/24/180225/000012), concedido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, cofinanciado por la Unión Europea (IP: Juana Morcillo Moreno y Pablo Meix Cereceda, duración 2025 a 2028).

Consideraciones tras la STS 1181/2026 de 10 de marzo de 2026.

Texto adaptado de la conferencia magistral impartida en la 20º Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), el 12 de Agosto de 2026.

En su reciente Sentencia nº 426/2026 de 9 de abril de 2026, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo delimita los límites de la potestad jurisdiccional a la hora de determinar los efectos derivados de la anulación de la adjudicación de un contrato.

Donde no haya especificidad, la Ley comprende diferentes posibilidades en la integración, como la concurrencia de empresas agrupadas en uniones temporales o la subcontratación.