El artículo analiza la aplicabilidad de la regla interpretatio contra proferentem en la contratación pública, tradicionalmente regida por el principio de interés público y las prerrogativas administrativas. Examina críticamente la jurisprudencia que prioriza la carga agravada de diligencia del oferente frente a ambigüedades en cláusulas predispuestas por la Administración. Sostiene que dicha regla no resulta incompatible con el contrato público, siempre que su aplicación se evalúe atendiendo a la tipología contractual, la intensidad del interés público comprometido y los principios de buena fe, seguridad jurídica, claridad normativa y buena administración.

La normativización en materia de compras y contrataciones ha sido dispar en nuestras distintas jurisdicciones. Este trabajo busca advertir sobre la importancia de avanzar en una legislación en la materia, partiendo de un trabajo de campo que pone en blanco sobre negro la situación actual.

El artículo describe la regulación de las iniciativas privadas en infraestructura pública. Dicho sistema ha permitido que los privados propongan al Estado nuevos proyectos de infraestructura pública no considerados inicialmente por este como de interés público. El sistema se articula a través del compromiso del Estado de reconocer y pagar el costo de los estudios necesarios para presentar un proyecto integral; así como de un premio que puede obtener el proponente en el respectivo procedimiento licitatorio del contrato de concesión.

El artículo comienza buscando realizar un repaso de las formas adquisición de derechos mineros en Argentina y, principalmente, luego propone un análisis de los contratos de exploración minera celebrados con el Estado, enfocado en las empresas mineras provinciales.

Para una correcta aplicación del artículo 48 de la Ley 13.064 es necesario poner fin a las sentencias contradictorias, garantizando la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad.

El sector público debe liderar la transición hacia la economía circular, generalizando en sus contratos la preferencia por productos que minimicen el impacto ambiental, y manteniendo a la vez los requisitos jurídicos que regulan la compra pública.

Contar con un marco regulatorio que establezca objetivos estratégicos en materia de contrataciones públicas y su vínculo con el desarrollo sostenible, es sólo un primer paso.

Involucrar a proveedores actuales y potenciales en este proceso, generar canales de diálogo, sensibilización e incentivos capaces de movilizarlos hacia prácticas más sostenibles; resulta esencial para lograr cambios reales que favorezcan el crecimiento de la economía y la calidad de vida de las personas

El texto analiza la importancia de dimensión estratégica de las Adquisiciones Públicas para cumplir con los objetivos diseñados en las políticas públicas. Asimismo, aborda el modo en que se encuentran organizadas las estructuras públicas para prestar al servicio de los proyectos y su impacto en el resultado en la gestión