En diciembre de 2018 se publicó en este mismo foro un artículo mío titulado ESTANDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA del que inmediatamente se hicieron eco en la comunidad de prácticas CONTRATACIÓN PÚBLICA y se creó una discusión titulada ¿La fórmula definitiva para valorar el precio?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha abierto un importante debate técnico-jurídico, tras la publicación del informe "Spending Review" de junio de 2019, sobre las provisiones de medicamentos del Sistema Nacional de Salud.

Todo parte de una necesidad, que el Estado reconoce que no puede satisfacer con sus estructuras organizativas o recursos materiales, por lo que se ve en la obligación de recurrir al apoyo de la empresa privada para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de sus obras.

La virulencia doctrinal contra el contrato menor trae causa de diversos acontecimientos de la reciente historia de España, en la que el contrato menor ha servido como instrumento al servicio de prácticas dudosas cuando no abiertamente corruptas.

La citada exigencia legal; es decir, la aprobación, previa audiencia al contratista, por parte de la Adminitración de los precios nuevos (también denominados contradictorios), a veces quiebra, dando lugar a trabajos extracontractuales.

Hace unos 15 años en el sector estatal -por brindar una fecha aproximada-, este sector sólo se preocupaba de comprar lo mejor, al mejor precio.

A propósito de la regulación de la contratación de los servicios jurídicos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), en su núm. 11 (abril-septiembre 2019), publicaba un estudio realizado en el marco de un trabajo más amplio sobre el tratamiento y régimen jurídico aplicable a los contratos de servicios jurídicos en la LCSP.

Esta primera Instrucción de la OIReScon entendemos que vincula a todo el sector público tanto por el papel atribuido a esta Oficina, como por recoger una precisión de la gestión de los contratos menores que recoge unas exigencias reiteradas por los órganos consultivos y revisores.