Opinión
En los sistemas de contratación de los distintos países, existen básicamente 2 tipos de garantías; por Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento.
Este articulo recoge parte de los argumentos de otro estudio más amplio que está en prensa(Blázquez Lidoy, A., 2018 "El nuevo límite de 50.000 Euros para los contratos menores de
investigación y desarrollo en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”, Revista práctica de
Derecho, CEFlegal, en prensa).
El objetivo último de toda compra pública es satisfacer necesidades que el poder adjudicador está obligado a atender.
La cuestión que se plantea es cómo se aplica el límite de los 5.000 euros a los PANAP. En principio, caben tres opciones y, una de ellas sería que, al no haber un concepto de anticipo de caja fija en Derecho privado, los PANAP tienen que publicar y remitir la totalidad de los contratos realizados, con independencia de cuál sea su importe.
La delimitación del contrato administrativo especial ha variado en las distintas regulaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo.
Desde la Comisión Europea se insiste en considerar la misma como inversión ya que permite poner en valor tanto activos propios como de operadores económicos, siendo el resultado bienes, muebles o inmuebles, al servicio de la sociedad.
En la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) sigue existiendo una escasez de articulado referido a mayores medidas para controlar y supervisar esta materia, así como claridad de quién debe realizar esta labor.
La PNL sobre la introducción de tecnología blockchain en la Administración Pública dedica la mayor parte de su exposición de motivos a resaltar los beneficios de esa tecnología en el ámbito privado (señaladamente en el sector financiero e industrial), y despacha en apenas dos párrafos (de los nueve que conforman esta parte de la PNL) el potencial de blockchain para mejorar la actividad de la Administración.
Nuestros colaboradores
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Oficial de Cumplimiento en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (compliance officer) -
Economista, especialista en procedimientos de contratación de organismos multilaterales (UE, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial) -
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa y Subvenciones del Gobierno de Aragón
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Director Servicios Jurídicos Grupo Inbisa -
Jefe del Servicio de Contratación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana -
Abogada en la asesoría jurídica del GRUPO ETRA. Codirectora del Observatorio de la Regulación de las Entidades del Sector Público-OIRESP -
Doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago de Compostela


